Corea del Sur arresta a su exministro de Defensa por esfuerzos de ley marcial

El entonces Ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, habla durante una conferencia de prensa en Ottawa, Ontario, el 1 de noviembre, mientras el Ministro de Relaciones Exteriores Cho Tae-yul (derecha) observa.

Adrian Wyld/Prensa Canadiense/AP

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SEÚL, Corea del Sur – Un ex ministro de Defensa de Corea del Sur fue arrestado formalmente el miércoles por su presunta connivencia con el presidente Yoon Suk Yeol y otros para imponer la ley marcial la semana pasada, mientras las autoridades investigan si sus actos equivalen a rebelión.

La ley marcial, la primera en más de 40 años, duró sólo unas seis horas, pero desató una tormenta interna y grandes protestas callejeras. Yoon y sus asociados enfrentan investigaciones criminales e intentos de juicio político. El Ministerio de Justicia ha prohibido a Yoon y a otras ocho personas salir del país porque las autoridades los consideran sospechosos clave en el caso de la ley marcial. Es la primera vez que un presidente en ejercicio de Corea del Sur recibe una prohibición de viajar.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo que aprobó una orden de arresto contra el ex ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, acusado de rebelión y abuso de poder.

Kim ha estado detenido desde el domingo. Los fiscales tienen hasta 20 días para determinar si lo acusan. Una condena por el cargo de rebelión conlleva una pena máxima de muerte.

Kim se convirtió en la primera persona arrestada por el caso. Ha sido acusado de recomendar la ley marcial a Yoon y de enviar tropas a la Asamblea Nacional para impedir que los legisladores votaran sobre ella. Finalmente, suficientes legisladores lograron ingresar a una cámara del parlamento y rechazaron unánimemente el decreto de Yoon, lo que obligó al Gabinete a levantarlo antes del amanecer del 4 de diciembre.

Los manifestantes organizan una manifestación para exigir el juicio político del presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, frente a la sede del gobernante Partido del Poder Popular en Seúl, Corea del Sur, el lunes.

Ahn Young Joon/AP

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Kim dijo en un comunicado el martes que «se disculpa profundamente por causar ansiedad e inconvenientes significativos». Dijo que toda la responsabilidad por la imposición de la ley marcial recae únicamente en él y pidió indulgencia para los soldados desplegados para hacerla cumplir, diciendo que sólo estaban siguiendo su orden.

Según los informes, los fiscales acusan a Kim de desempeñar un papel clave en una rebelión y de cometer abuso de poder al organizar un motín para alterar la constitución en colaboración con Yoon y otros militares y policías. Las oficinas de los fiscales en Seúl no pudieron confirmar de inmediato los informes.

El parlamento controlado por la oposición aprobó el martes un proyecto de ley para nombrar un fiscal especial independiente para investigar a Yoon y otros altos oficiales militares por la introducción de la ley marcial. El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, había abogado por una investigación de un fiscal especial, argumentando que no se puede confiar en que los fiscales realicen una investigación exhaustiva de Yoon, un ex fiscal general.

Durante una audiencia parlamentaria el martes, Kwak Jong-keun, comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército cuyas tropas fueron enviadas al parlamento, testificó que recibió instrucciones directas de Kim Yong Hyun para impedir que los legisladores ingresaran a la cámara principal de la Asamblea Nacional. Kwak dijo que el propósito de las instrucciones de Kim era impedir que el parlamento de 300 miembros reuniera los 150 votos necesarios para revocar la orden de ley marcial de Yoon.

Kwak dijo que Yoon lo llamó más tarde directamente y pidió a las tropas que «destruyeran rápidamente la puerta y sacaran a los legisladores que estaban adentro». Kwak dijo que discutió la orden de Yoon con el comandante en el lugar y que llegaron a la conclusión de que no se podía hacer nada, descartando la posibilidad de amenazar a los legisladores disparando salvas o cortando la electricidad.

En la misma audiencia, el alto oficial Kim Dae-woo de la agencia de contrainteligencia militar dijo que su comandante, Yeo In-hyung, le preguntó si un búnker del ejército en Seúl tenía espacio para detener a políticos y otras figuras después de que se impusiera la ley marcial. Yeo es considerado un colaborador cercano de Kim Yong Hyun. La semana pasada, Hong Jang-won, subdirector de la agencia de espionaje del país, dijo que Yoon le ordenó ayudar al comando de Yeo a detener a algunos de sus rivales políticos, pero ignoró la orden del presidente.

Kwak y Yeo se encuentran entre los que enfrentan cargos de rebelión presentados por la oposición junto con Yoon y Kim, y el Ministerio de Defensa los suspendió la semana pasada.

Los partidos de oposición y muchos expertos dicen que el decreto de ley marcial era inconstitucional. Dicen que, por ley, un presidente puede declarar la ley marcial sólo durante «tiempos de guerra, situaciones similares a guerras u otros estados de emergencia nacional comparables» y Corea del Sur no se encontraba en tal situación. Argumentan que desplegar tropas para sellar la Asamblea Nacional y suspender sus actividades políticas equivalía a rebelión porque la Constitución de Corea del Sur no permite que un presidente utilice el ejército para suspender el parlamento en ninguna situación.

En su anuncio de la ley marcial, el conservador Yoon destacó la necesidad de reconstruir el país eliminando a los «desvergonzados seguidores de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales», en referencia a sus rivales liberales que controlan el parlamento.

Yoon evitó el juicio político el sábado después de que la mayoría de los legisladores del partido gobernante boicotearan una votación en la Asamblea Nacional.

El Partido Demócrata dijo que se prepararía para una nueva votación sobre el impeachment de Yoon el sábado. El partido presentó el martes mociones para acusar también al jefe de policía y al ministro de Justicia de Yoon. Presionó para destituir a Kim Yong Hyun y al ministro de Seguridad, pero dimitieron antes de que el parlamento votara.

Si Yoon es acusado, sus poderes presidenciales quedarían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si los restablece o lo destituye de su cargo. Si votara a favor de la destitución, sería necesaria una nueva elección presidencial.