Fiscales surcoreanos acusan al presidente destituido Yoon Suk Yeol por la ley marcial

El presidente acusado de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, asiste a la cuarta audiencia de su juicio político por su breve imposición de la ley marcial en el Tribunal Constitucional de Seúl, Corea del Sur, el jueves 23 de enero de 2025.

Jeon Heon-Kyun/AP/Pool EPA

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SEÚL, Corea del Sur – Los fiscales surcoreanos acusaron el domingo al presidente Yoon Suk Yeol de rebelión en relación con su breve imposición de la ley marcial, un cargo penal que podría acarrear la pena de muerte o cadena perpetua si es declarado culpable.

Este es el último golpe para Yoon, quien fue acusado y arrestado por su decreto de ley marcial del 3 de diciembre que sumió al país en una agitación política, sacudió sus mercados financieros y dañó su imagen internacional. Aparte de los procedimientos judiciales penales, el Tribunal Constitucional está deliberando ahora si destituir formalmente a Yoon como presidente o restituirlo.

Yoon se ha convertido en el primer presidente de Corea del Sur acusado mientras estaba en el cargo. Permanecerá encarcelado y será escoltado desde un centro de detención hasta un tribunal de Seúl para las audiencias del juicio, que se espera que dure unos seis meses.

Los fiscales dijeron en un comunicado que acusaron a Yoon de haber dirigido una rebelión cuando impuso la ley marcial. Las autoridades investigadoras han alegado anteriormente que la imposición de la ley marcial por parte de Yoon equivalía a una rebelión, porque organizó disturbios con el propósito de socavar la constitución.

El equipo de defensa de Yoon arremetió contra la acusación, calificándola de «la peor decisión» de los fiscales que, según dicen, están tratando de ganarse el favor de las fuerzas políticas que quieren la salida de Yoon.

«La acusación de hoy contra el presidente quedará como una vergüenza en la historia de los fiscales surcoreanos que no podrán borrar», dijo el equipo de defensa de Yoon en un comunicado. «Recalcamos una vez más que la declaración de ley marcial por parte de un presidente nunca puede ser una rebelión».

Yoon tiene inmunidad presidencial frente a la mayoría de los procesos penales, pero el privilegio no se extiende a acusaciones de rebelión o traición. Por ley en Corea del Sur, el líder de una rebelión puede enfrentarse a cadena perpetua o pena capital.

Yoon, un conservador, ha negado rotundamente haber actuado mal y ha descrito su declaración de la ley marcial como un acto legítimo de gobierno destinado a crear conciencia pública sobre el peligro de la Asamblea Nacional controlada por los liberales, que obstruyó su agenda y acusó a altos funcionarios. Durante su anuncio de la ley marcial, Yoon llamó a la asamblea «una guarida de criminales» y prometió eliminar a los «desvergonzados seguidores de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales».

Después de declarar la ley marcial el 3 de diciembre, Yoon envió tropas y agentes de policía a la asamblea, pero suficientes legisladores lograron ingresar a una cámara de la asamblea para rechazar el decreto de Yoon por unanimidad, lo que obligó a su gabinete a levantarlo.

La imposición de la ley marcial, la primera de este tipo en Corea del Sur en más de cuatro décadas, duró sólo seis horas. Sin embargo, evocó dolorosos recuerdos de gobiernos dictatoriales pasados ​​en Corea del Sur en las décadas de 1960 y 1980, cuando gobernantes respaldados por militares utilizaron leyes marciales y decretos de emergencia para reprimir a sus oponentes.

La constitución de Corea del Sur otorga al presidente el poder de declarar la ley marcial para mantener el orden en tiempos de guerra y otros estados de emergencia comparables, pero muchos expertos dicen que el país no se encontraba en tales condiciones cuando Yoon declaró la ley marcial.

Yoon insiste en que no tenía intenciones de interrumpir el trabajo de la asamblea, incluida la votación en el pleno sobre su decreto, y que el despliegue de tropas y fuerzas policiales tenía como objetivo mantener el orden. Pero los comandantes de las unidades militares enviadas a la asamblea han dicho en las audiencias de la asamblea o a los investigadores que Yoon les ordenó sacar a los legisladores para evitar que revocaran su decreto.

Las investigaciones sobre Yoon han intensificado la ya grave división interna del país, y manifestantes rivales organizan regularmente manifestaciones en el centro de Seúl.

Después de que un tribunal local aprobara el 19 de enero una orden de arresto formal para extender la detención de Yoon, decenas de sus partidarios irrumpieron en el edificio del tribunal, destruyendo ventanas, puertas y otras propiedades. También atacaron a los agentes de policía con ladrillos, tubos de acero y otros objetos. La violencia dejó 17 agentes de policía heridos y la policía dijo que detuvo a 46 manifestantes.

Anteriormente, Yoon se resistió a los esfuerzos de las autoridades investigadoras para interrogarlo o detenerlo. Luego fue detenido el 15 de enero en una enorme operación policial en su complejo presidencial.

La investigación de Yoon estuvo a cargo de la Oficina de Investigación de Corrupción para Funcionarios de Alto Rango, pero Yoon se ha negado a asistir a las sesiones de interrogatorio del CIO desde que fue detenido, diciendo que no tiene autoridad legal para investigar acusaciones de rebelión. El CIO ha dicho que puede investigar la acusación de rebelión de Yoon porque está relacionada con su supuesto abuso de poder y otras acusaciones.

El CIO entregó el caso de Yoon a la fiscalía de Seúl el viernes y le pidió que lo acusara de rebelión, abuso de poder y obstrucción de la Asamblea Nacional. Los fiscales dijeron que acusaron a Yoon sólo de rebelión, considerando que Yoon tenía inmunidad presidencial frente a otros cargos.

El ministro de Defensa, el jefe de policía y varios otros comandantes militares de Yoon ya han sido arrestados por presunta rebelión, abuso de poder y otros cargos relacionados con el decreto de ley marcial.

Si el Tribunal Constitucional decide expulsar a Yoon de su cargo, se deberán celebrar elecciones nacionales para elegir a su sucesor en un plazo de dos meses. Encuestas públicas recientes muestran que los candidatos del partido gobernante y de la oposición compiten codo a codo en una posible carrera presidencial parcial.